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DE SERVILLETAS, DOCUMENTOS DIGITALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS.

Javier Soto. Licenciado en derecho y oficial de Notaría.

  • El consentimiento.

  • La forma de los contratos.

  • Documentos privados y documentos públicos.

  • Documentos en formato digital.

El consentimiento.

Decían los profesores D. Luis Diez Picazo y D. Antonio Gullón que el contrato aparece por la conjunción de los consentimientos de dos o más personas con la finalidad de ser fuente de obligaciones entre ellas. El consentimiento es el elemento originario y fundamental del contrato, y  constituye junto con el objeto y la causa los requisitos necesarios para la formación del contrato sin los cuales no existiría.

El contrato existe por el acuerdo de las voluntades de dos o  más personas sobre su objeto y su causa, como dice el Código Civil en su art. 1262.I.

Como decía García Goyena todos los contratos se perfeccionan por el consentimiento. Es el consentimiento de las partes lo que origina el contrato constituyendo la verdadera raíz del mismo.

Consentimiento que ha de ser único y no debe adolecer de vicios que lo impidan o que lo modifiquen de tal modo que el resultado alcanzado no sea el pretendido.

No se trata de varios consentimientos sino de uno sólo formado por la conjunción de los consentimientos de las partes sobre un mismo objeto y causa. Para que el consentimiento sea válido ambas partes han de tener idéntica pretensión de alcanzar un idéntico resultado.

El artículo 1265 del Código Civil establece: “Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”.

Se enumeran en este artículo los denominados vicios del consentimiento que impedirían la formación correcta del mismo, bien totalmente o bien de un modo tan sustancial que su mera existencia determina un resultado diferente del querido.

El error se produce cuando el proceso interno de las partes necesario para formar el consentimiento se ve perturbado de tal modo que la realización del negocio no se hubiere producido o se hubiera producido de forma distinta de no existir dicho vicio.

La violencia es el empleo de la fuerza física para que se preste un consentimiento no deseado realmente.

La intimidación se da cuando se presta el consentimiento impulsado por el miedo derivado de una amenaza. No constituye intimidación amenazar con el ejercicio de acciones para exigir lo debido, pero si sí se amenaza con acciones para exigir más de lo debido.

El dolo se da cuando uno de los contratantes induce al otro a la celebración de un contrato utilizando el engaño ya sea de palabra o por la realización de determinadas acciones.

En consecuencia, el contrato existe desde el momento en que dos a más partes se ponen de acuerdo en obligarse independientemente del medio que utilicen en plasmar ese acuerdo. Esto es, es la voluntad humana el eje de la obligación. Es lo que se conoce como el principio de la autonomía de la voluntad. Es cierto que cada se imponen más restricciones que limitan esa autonomía de la voluntad estableciendo requisitos necesarios para la formación del contrato, imponiendo determinadas cláusulas o eliminando aquellas que se consideran abusivas. Esas restricciones no suponen una crisis del principio de la autonomía de la voluntad si entendemos que tienen su causa en proteger la formación del consentimiento de tal modo que sea libre, individual, en posición de igualdad y carente de vicios.

Así lo refrenda el artículo 1278 del Código Civil cuando dice que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. Es decir cuando dos o más personas consienten en obligarse surge el contrato. Independientemente de si ese consentimiento se plasma mediante un apretón de manos, una servilleta o una escritura pública.

La forma de los contratos.

Ahora bien, ya sea para preservar las relaciones entre las partes o para que el contrato despliegue efectos frente a terceros es necesario lo que Ihering calificaba como el tránsito de la intimidad subjetiva a la exteriorización objetiva. Es lo que se entiende como “forma”. Esto es, el mecanismo utilizado por las partes para exteriorizar su voluntad.

La forma no es requisito esencial del contrato. Salvo determinados casos excepcionales, previstos por la Ley, en los que la forma se deviene en un requisito ad solemnitatem (como en las donaciones de bienes inmuebles), la forma no es presupuesto de la existencia del contrato. El contrato existe independientemente de la forma utilizada para la plasmación de su voluntad. En el resto de los contratos la forma es requerida como prueba del negocio o para que produzca determinados efectos, como ser oponible a terceros o la inscripción en registros. Pero no es presupuesto de la existencia del negocio. El contrato existe y es susceptible de ser probado por otros medios.

Nuestro código civil establece en su artículo 1279 la obligación de documentar el contrato. Incluso en el último párrafo del artículo 1280 impone la forma escrita cuando la cuantía de alguna de las prestaciones exceda de los 9,02 €. A este respecto hay que tener en cuenta que nuestro Código Civil fue redactado en una época en la que el único medio de conservación del pensamiento era la escritura, actualmente existen otros medios de conservación como las grabaciones de sonido o video o determinados archivos informáticos. ¿Son estos nuevos medios “documentos”? Hay quien apoyado en la interpretación textual de la Ley no les otorga este carácter. Personalmente entiendo que como medios válidos para conservar el pensamiento tienen la misma categoría de documento, sirva como ejemplo el REGLAMENTO (UE) nº 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (eIDAS).

Documentos privados y documentos públicos.

La principal clasificación en cuanto a la forma se establece entre documentos públicos y privados.

Según el artículo 1216 del Código Civil son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.

Por otro lado, el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, todavía vigente, establece que documentos serán considerados como públicos a efectos de prueba en el proceso siendo estos:

1.º Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales.

2.º Los autorizados por notario con arreglo a derecho.

3.º Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido, expedidas por ellos con referencia al Libro Registro que deben llevar conforme a derecho. (Al respecto recordar que en la actualidad los Corredores de Comercio están integrados en el Notariado)

4.º Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales.

5.º Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.

6.º Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades.

Hay que destacar, que conforme a la obligación de documentar, un documento privado es susceptible de ser convertido a público bien porque las partes acudan ante Notario a tal efecto, bien por resolución judicial a instancia de alguna de ellas. En todos los casos, ya sea desde el inicio o en un momento posterior, es necesaria la intervención de un tercero, Notario o Juez, para que un contrato alcance la forma pública.

Documentos privados y documentos públicos despliegan diferentes efectos.

Son efectos de los documentos públicos:

– La fe pública. Así lo consagra el artículo 1218 del Código Civil cuando dice que los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contratantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.

– Presunción de veracidad.

– Eficacia. El negocio formalizado en documento público despliega todos sus efectos.

– Tradición instrumental. La escritura equivale a la entrega de la cosa.

– Efectos ejecutivos sin necesidad de un procedimiento previo.

– Protección y oponibilidad a terceros.

– Prelación de créditos. Los créditos formalizados en escritura pública tienen un carácter privilegiado.

– Inscripción en Registros.

Todos estos efectos otorgan una serie de ventajas al documento público frente al documento privado. Es lo que calificaba el Prof. Roca Sastre como forma ad utilitatem.

Las diferencias entre documentos privados y públicos quedan evidenciadas y como, aun siendo los dos formas válidas para contratar, el documento público aporta una serie de ventajas que no las aporta el documento privado.

Documentos en formato digital.

Las nuevas tecnologías y el auge de la contratación electrónica han derivado en el desarrollo del llamado documento digital. Los mecanismos digitales sirven como medios de conservación de la voluntad de las partes lo que les convierte en verdaderos documentos. El desarrollo legislativo y de determinadas herramientas posibilita que en determinadas circunstancias se pueda verificar tanto la firma del documento, como su contenido y la fecha de elaboración. En este sentido la vertiente ad utilitatem de este tipo de documentos aporta ventajas sobre el documento físico tradicional.

Hay quien ha visto en esto el fin del documento público notarial. Nada más alejado de la realidad. La diferencia entre un documento físico y uno digital es una cuestión de formato y no de forma. Lo que otorga el carácter de público, y sus efectos, a un documento es su autorización por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley. Sin la intervención de Notario o empleado público competente, un documento digital no será más que un documento privado, con más o menos ventajas a la hora de probar el negocio, pero nunca un documento público, y, en consecuencia, sin producir sus efectos. ¿Significa esto la imposibilidad de la existencia de documentos públicos digitales? Por supuesto que no. Lo mismo que las partes pueden plasmar su consentimiento por medios físicos o por medios digitales, no hay nada que impida la existencia de documentos digitales autorizados por Notario. De hecho, las copias autorizadas telemáticas que todos los días se presentan a los Registros desde las Notarías son prueba de ello.

En conclusión documento digital no se opone a documento público sino a documento físico. Un documento digital con firma electrónica cualificada, sello de tiempo y alojado en la “blockchain”, por ejemplo, no deja de ser un documento privado con más ventajas a la hora de probar el negocio,  pero sin los efectos de un documento público.

El mundo actual impone el formato digital pero eso no significa acabar con lo que hasta ahora funciona de una forma tan eficiente. Es más, lo que procede es el desarrollo y evolución del documento público digital.

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