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La protección patrimonial de las personas con discapacidad y la autotutela.

Javier Soto. Licenciado en Derecho. Oficial de Notaria.

El  artículo 49 de la Constitución española encuadrado dentro del Capítulo III “De los principios rectores de la política social y económica” de su Título I “De los Derechos y Deberes Fundamentales” introduce un mandato específico a los poderes públicos para que se establezcan los medios necesarios a fin de lograr que las personas con discapacidad disfruten de los derechos que a todos los ciudadanos les confieren la Constitución y las Leyes en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.

Se trata de un principio constitucional de especial relevancia como se demuestra no sólo por su ubicación dentro de la Constitución sino por su entronque con principios fundamentales del ordenamiento español recogidos en el Preámbulo y en el Título Preliminar de nuestra Ley Fundamental.

En cumplimiento del citado mandato, centrándose en la protección patrimonial de las personas con discapacidad y teniendo en cuenta las nuevas circunstancias que afectan a las citadas personas tanto en cuanto a su supervivencia como a las nuevas formas de discapacidad se aprueba la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

Objeto.

Dicho precepto legal tiene por objeto inmediato, como expresa en su propia exposición de motivos la regulación de una masa patrimonial, el patrimonio especialmente protegido que queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de una persona con discapacidad, favoreciendo la constitución de este patrimonio y la aportación a título gratuito de bienes y derechos a la misma.

Se trata de un patrimonio de destino cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades vitales del discapacitado de tal modo que su asistencia económica no recaiga sólo con cargo al Estado o la familia sino con un patrimonio propio dedicado especialmente a tal fin.

Al respecto se favorece la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y se establecen mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares.

Beneficiarios.

Serán beneficiarios exclusivos las personas con discapacidad, física, psíquica o sensorial, afectadas por unos determinados grados de minusvalía, y ello con independencia de que concurran o no en ellas las causas de incapacitación judicial  y de que, concurriendo, tales personas hayan sido o no judicialmente incapacitadas.

Concretamente se establece que podrán ser beneficiarios:

a)Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento.

b)Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento.

Constitución:

El patrimonio protegido se constituirá en documento público o por resolución judicial en el supuesto que más adelante se cita, con el siguiente contenido mínimo:

a)El inventario de los bienes y derechos.

b)La determinación de las reglas de administración y, en su caso, de fiscalización.

c)Cualquier otra disposición que se considere oportuna respecto a la administración o conservación del mismo.

Los Notarios autorizantes habrán de notificar la constitución al fiscal de la circunscripción correspondiente al domicilio de la persona con discapacidad.

Serán competentes para la creación del patrimonio protegido:

a)La propia persona con discapacidad beneficiaria del mismo, siempre que tenga capacidad de obrar suficiente. A este respecto más adelante hablaremos con más detalle de la autotutela.

b)Sus padres, tutores o curadores cuando la persona con discapacidad no tenga capacidad de obrar suficiente.

c)El guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica. Si bien, con los bienes que sus padres o tutores le hubieran dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que hubiera sido designado beneficiario; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 303, 304 y 305 del Código Civil.

Cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar la constitución de un patrimonio protegido, ofreciendo al mismo tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados, suficiente para ese fin. En caso de negativa injustificada de los competentes para su creación se podrá acudir al fiscal, quien instará del juez lo que proceda atendiendo al interés de la persona con discapacidad. Si el juez autorizara la constitución, la resolución judicial determinará su contenido. En este caso el cargo de administrador no podrá recaer, salvo justa causa, en el padre, tutor o curador que se hubiera negado injustificadamente a su constitución.

Tras su constitución inicial podrán realizarse nuevas aportaciones al patrimonio protegido con las mismas formalidades previstas para su constitución no sólo con por los competentes para su constitución sino también por cualquier persona con interés legítimo con el consentimiento del beneficiario o de sus representantes. En caso de negativa injustificada se podrá acudir al fiscal en los términos antes vistos.

Administración.

Respecto de la administración del Patrimonio Protegido hay que distinguir entre si el beneficiario tiene capacidad de obrar o no. En el caso de Patrimonio Protegido constituido por el propio beneficiario habrá que estar respecto de las reglas de administración del mismo a lo previsto en el documento público de constitución. En el resto de casos deberán prever la obligatoriedad de autorización judicial en los mismos supuestos que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a los artículos 271 y 272 del Código Civil o, en su caso, conforme a lo dispuesto en las normas de Derecho civil, foral o especial, que fueran aplicables. Dicha autorización judicial no será necesario cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente.

En todo caso, no se considerarán actos de disposición el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria.

No obstante, se podrá solicitar la excepción de la autorización judicial en determinados supuestos, en atención a la composición del patrimonio, las circunstancias personales de su beneficiario, las necesidades derivadas de su minusvalía, la solvencia del administrador o cualquier otra circunstancia de análoga naturaleza.

En ningún caso podrán ser administradores las personas o entidades que no puedan ser tutores.

Caso de no poder designar administrador conforme a las reglas previstas en su constitución corresponderá su nombramiento a la autoridad judicial a instancias del ministerio fiscal.

El administrador, cuando no sea el propio beneficiario del mismo, tendrá la condición de representante legal de éste para todos los actos de administración de los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido, sin necesidad del concurso de los padres o tutor.

Corresponde la supervisión de la administración al ministerio fiscal quien podrá instar del juez competente la sustitución del administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza.

El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a solicitud de cualquier persona, y será oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido.

Cuando no sea la propia persona con discapacidad beneficiaria del patrimonio o sus padres, el administrador del patrimonio protegido deberá rendir cuentas de su gestión al Ministerio Fiscal cuando lo determine éste y, en todo caso, anualmente, mediante la remisión de una relación de su gestión y un inventario de los bienes y derechos que lo formen, todo ello justificado documentalmente.

Como órgano externo de apoyo, auxilio y asesoramiento del Ministerio Fiscalse crea la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad,

Autotutela.

Como se ha visto el propio beneficiario puede constituir un Patrimonio Protegido en beneficio propio cuando cuente con capacidad de obrar y fijar las normas de administración del mismo. Aspecto éste de especial importancia dado que con el aumento de esperanza de vida se ha producido un aumento de enfermedades degenerativas que pueden derivar en la pérdida de la capacidad de obrar.

Mención particular merece las modificaciones establecidas en la Ley respecto de la autotutela.

Así se prevé que cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente, en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro, podrá en documento público notarial adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor.

Dichos documentos se comunicarán de oficio por el notario autorizante al Registro Civil, para su indicación en la inscripción de nacimiento del interesado.

Asimismo es de destacar la modificación prevista en la propia Ley de los preceptos reguladores del mandato estableciendo como excepción a la extinción del  mismo por incapacidad sobrevenida del mandante que se hubiere dispuesto su continuación o que el mandato se hubiera dado para el caso de incapacidad del mandante apreciada conforme a lo dispuesto por éste.

En estos casos, el mandato podrá terminar por resolución judicial dictada al constituirse el organismo tutelar o posteriormente a instancia del tutor.

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La representación legal se hará constar en el Registro Civil.

Asimismo, cuando el dominio de un bien inmueble o derecho real sobre el mismo se integre en un patrimonio protegido, se hará constar en la inscripción que se practique a favor de la persona con discapacidad en el Registro de la Propiedad correspondiente. Si ya estuviere inscrito a favor del beneficiario se hará constar su adscripción por medio de nota marginal.

Extinción.

El patrimonio protegido se extingue por la muerte o declaración de fallecimiento de su beneficiario o por dejar éste de tener la condición de persona con discapacidad.

Si la extinción es por muerte o declaración de fallecimiento el Patrimonio Protegido se integra en la herencia del beneficiario; si fuera por cesar en su condición de discapacitado el beneficiario seguirá siendo titular de los bienes y derechos que lo integran, sin perjuicio de la finalidad que, en su caso, debiera darse a los mismos.

Se completa la Ley con modificaciones al Código Civil en materia de autotutela, de régimen sucesorio, del mandato, del contrato de alimentos, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de  procesos sobre la capacidad de las personas, en desarrollo de las medidas previstas en la misma.

Y finalmente se modifica la normativa tributaria para favorecer y facilitar la creación de Patrimonios Protegidos. De entre dichas modificaciones destaca que estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en el aportante con ocasión de las aportaciones a los patrimonios protegidos.

Conclusiones.

Con la presente Ley se intenta dar respuestas a situaciones especialmente delicadas para las personas inmersas o relacionadas con una situación de discapacidad. En particular en dos aspectos especialmente sensibles:

  1. a) Para los propios beneficiarios que inmersos en un proceso degenerativo prevén una situación futura de discapacidad, y,
  2. b) Para los progenitores de personas con discapacidad que prevén la supervivencia de estos.

La posibilidad de crear patrimonios finalistas para que las personas discapacitadas no dependan únicamente de los poderes públicos sino que puedan disponer de un  patrimonio propio con que poder satisfacer sus necesidades vítales es sin duda una buena idea. Sin embargo, creo que todavía se podría hacer más en tal sentido especialmente en lo que respecta a beneficios y deducciones fiscales. No obstante no deja de ser un instrumento para beneficiar al discapacitado que bien diseñado puede alcanzar los fines previstos. En tal sentido es importante acudir al asesoramiento especializado y a la planificación global del Patrimonio Protegido. Particularmente dada la necesidad para su constitución y para las aportaciones posteriores de documento público, siempre se podrá acudir al asesoramiento notarial, donde, como en muchos otros aspectos, nos podremos beneficiar de un profesional independiente y altamente cualificado que nos ayudará a conseguir los objetivos desados.

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